No me acuerdo.

El caso Bárcenas empieza a adquirir un color pálido, el color pálido de los cadáveres políticos que dejará a su paso. Los “no me consta” y “no me acuerdo” de Javier Arenas y Francisco Alvarez Cascos, así como la admisión de ambos de falta de control en las cuentas del partido los descalifica ya definitivamente para las cosas éstas de la representación pública. Habría que sacarlos a gorrazos de los Parlamentos hoy mismo, sin más dilación. No quiero yo decir que sean culpables de nada pero la ausencia de constancia y la falta de memoria los hace sospechosamente sospechosos.

María Dolores de Cospedal en su declaración reconoce que el acuerdo para la salida de Bárcenas se llevó a cabo en una reunión entre Rajoy y Arenas por el equipo local y el propio Bárcenas, junto a su esposa, Rosalía Iglesias, en calidad de visitantes. A lo que parece esto va a ser un 2 en la quiniela. Esta declaración la podríamos considerar como fuego amigo.

Si como dicen en PP todo el asunto es un montaje de Don Luis hay que reconocer por un lado que Bárcenas es más listo que todo el PP junto y por otro que las personas que están siendo acusadas de ilegalidades no son capaces de defenderse más allá de un “no me acuerdo”.

Sobre todo esto nuestro Presidente de Gobierno dice lo de siempre: ni ¡mu! No aparece ni para dar un recado; debe estar con Griñán. Pero de Griñán y el Gobierno andaluz ya diré algo otro día, un día que estén; de momento andarán todos en Matalascañas.

Los que sí están y están siendo atacados por la “caverna derechista” son los compañeros Pastrana y Fernández, de UGT Andalucía. Una derecha cavernaria y cavernícola que les acusa de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos a propósito de facturas presuntamente falseadas que justificaban subvenciones para la formación de desempleados. La respuesta de UGT-A ha sido rápida, solvente, audaz: los cursos de formación han sido auditados tres veces, por el Fondo Social Europeo, por la Administración Andaluza y por una auditora contratada por el propio sindicato. Por cierto que según el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez, el expediente está aún en estudio. Y eso, a su vez, significa que no ha podido ser auditado aún por el Fondo Social Europeo. O sea, que de las tres, de momento sólo han hecho la propia. Ojalá que los auditores no sean los mismos de Bankia, Caixa de Cataluña, Cajasol, Cajasur, …

Y mientras estas cosas suceden, nosotros, los comunes, andamos como pobres lecticiarios, condenados a seguir portando la pesada carga de una casta que en los últimos años sólo aportan corrupción, vergüenza y desconsuelo al país, habiendo encontrado en su actividad más una oportuna tela con la que tapar la tela que distraen que una cadena que los sujete, como al resto de mortales, a la Ley.